En el barrio de Mallorca, en Antioquia, Colombia, la abogada Miryam Rocío Vélez Pérez había encontrado su lugar seguro en el mundo. No era fácil hallar un espacio de paz en esos tiempos. En la década de los 90, ser jueza y vivir en Medellín, una ciudad asediada por el narcotráfico representado por Pablo Escobar, era una profesión de muerte.

Entre otras medidas, su nombre real no sería revelado en ningún documento oficial. Tampoco su fotografía. Incluso en los interrogatorios contra acusados, su rostro estaría oculto. Ni siquiera se conocería su rúbrica, sino que signarían los documentos legales con una firma electrónica. Una especie de fantasmas en el Poder Judicial.

Por eso, la jueza Miryam Rocío se sentía a salvo. Acaso, lo que revelaba la importancia de su trabajo eran sus escoltas, pero sus vecinos en el barrio de Mallorca no pensaban gran cosa de esa señora de aspecto afable, sólo que seguro era una abogada exitosa.

Pero el lugar seguro explotó el 18 de septiembre de 1992. Cuatro sicarios burlaron la seguridad de la “jueza sin rostro” y ubicaron su nombre, cara, domicilio y vehículo. Alguien dentro del gobierno les vendió esa información secreta. Y esperaron a que saliera de su casa, a las 7:55 de la mañana, para atacarla con armas semiautomáticas. Mataron a los escoltas y a ella la remataron dentro del vehículo frente a su hijo que gritaba “¡No maten a mi mamá!”.

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