La reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal promovida por el Gobierno de Sánchez ha generado una respuesta crítica desde una parte mayoritaria de la carrera judicial y del Ministerio Fiscal. La ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, introduce cambios como la creación de becas públicas para aspirantes con menos recursos, una reconfiguración de las pruebas de acceso, la ampliación del turno por méritos y un proceso extraordinario para estabilizar interinos. El Gobierno defiende que se trata de una modernización sin precedentes en los últimos cuarenta años, pero para muchas voces del ámbito jurídico, estas medidas suponen un riesgo directo para la independencia judicial y para la calidad del servicio público de Justicia.

Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales —entre ellas, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— han convocado una concentración este 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo. Un acto que se suma a la movilización celebrada el pasado 11 de junio y que podría suponer una nueva demostración de fuerza antes de la huelga anunciada para la próxima semana.

Para hablar de este asunto nos ha atendido Antonio Puntas, magistrado en Córdoba y delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura, la principal asociación de jueces en España y que analiza en profundidad el contenido y los efectos de la reforma.

Edita y presenta Rafael González.

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